México se desmarca de resolución de la OEA que exige elecciones libres en Nicaragua
México decidió no acompañar la resolución aprobada este viernes por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, al considerar que el documento vincula estos asuntos con riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica.
La resolución fue aprobada durante una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada en Washington y establece medidas para impulsar un proceso de diálogo y generar condiciones que permitan a los nicaragüenses ejercer sus derechos políticos mediante elecciones libres, justas e inclusivas.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que México no respaldó las referencias que relacionan la situación política y de derechos humanos de Nicaragua con amenazas a la seguridad regional.
“México considera que la promoción y protección de los derechos humanos y la defensa de los principios democráticos en el hemisferio deben desarrollarse de manera compatible con el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”, señaló la Cancillería.
La dependencia indicó que la posición mexicana quedó asentada mediante una nota y está fundamentada en el artículo 89, fracción X, de la Constitución, que establece principios de política exterior como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.
Durante la reunión, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, sostuvo que ampliar las categorías de amenaza para incluir asuntos políticos y de derechos humanos es una medida que México no puede acompañar, debido a que podría abrir la puerta a acciones que excedan los mecanismos pacíficos y diplomáticos.
El acuerdo aprobado por los Estados miembros insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para celebrar “elecciones libres, justas e inclusivas”, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y mecanismos de observación internacional.
La resolución también solicita la liberación incondicional de las personas consideradas presas políticas, la divulgación del paradero de personas desaparecidas y la restitución de la nacionalidad y los derechos correspondientes a quienes hayan sido privados de ellos de manera arbitraria. Asimismo, plantea restablecer la separación de poderes, el espacio cívico y las libertades fundamentales.
El documento no contempla la imposición de sanciones concretas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. En cambio, establece un grupo ministerial de seguimiento encargado de mantener un diálogo con las autoridades nicaragüenses y sectores de la oposición, además de presentar recomendaciones en un plazo de 90 días.
La iniciativa fue impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana.
De los Estados miembros, únicamente siete países enviaron a sus cancilleres: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. El resto estuvo representado por funcionarios de menor rango.
La reunión se realizó después de que Ortega anunciara el pasado 19 de julio que en Nicaragua no habría nuevas elecciones, de acuerdo con la información proporcionada. Posteriormente, el gobierno nicaragüense impulsó una reforma constitucional que contempla restricciones a la participación electoral de personas consideradas “traidores a la patria”, en referencia a sectores de la oposición.
La OEA señaló que el nuevo mecanismo busca mantener el diálogo diplomático, evaluar los avances y determinar posibles acciones posteriores, con responsabilidades y plazos definidos.
La decisión de México mantiene su postura de privilegiar los principios de soberanía, autodeterminación y no intervención, al tiempo que la OEA establece un proceso de seguimiento sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua.
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